Hablar de tráfico y explotación de mujeres, niñas y niños, va más allá de hablar, del que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC considera es el tercer negocio global, que afecta a casi todo el mundo; es acercarse a una realidad que, aunque dolorosa, es ineludible.
El Informe Global de Trata de Personas 2020 presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC; destaca que la trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con el 65 % de las víctimas identificadas. La explotación sexual se mantuvo como la principal finalidad de explotación en el mundo (50 % de los casos identificados), pero también se registra un incremento en casos identificados con la finalidad de trabajo forzado y algunas otras formas de explotación como la mendicidad ajena (del 34 % en 2016 al 38 % en el 2020).
Una realidad que nos golpea
En lo que refiere a Bolivia, según la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, hasta diciembre de 2021 el Ministerio Público reportó 1.560 denuncias por el delito de trata y tráfico de personas.
Consultados a través del Monitor de Ipsos CIESMORI, el 91% de los bolivianos que viven en las ciudades capitales del eje del país, están conscientes de la existencia de la explotación y tráfico de mujeres, niños y niñas en Bolivia y la mayoría (73%) considera que no se tratan de hechos aislados. Por su parte, las mujeres (75%) están más conscientes de este tipo de delito, probablemente porque se sienten más vulnerables a ser víctimas del mismo.
El rol de las autoridades
Si bien, es loable que en nuestro país exista un avance en cuanto al combate de este tipo de delitos, que se evidencia con la promulgación de la Ley 263 (Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas) y la creación de una división policial que se ocupa de la trata y tráfico de personas; aún queda camino por andar.
En este caso, el estudio llevado adelante por Ipsos CIESMORI reveló que los bolivianos descalifican el trabajo de las autoridades pertinentes responsables de la lucha contra la explotación y tráfico de mujeres, niños y niñas, pues ocho de cada diez consultados evalúa el desempeño como malo o muy malo. En este caso, nuevamente son las mujeres (83%) quienes evalúan de forma más negativa el trabajo llevado a cabo por las autoridades al momento de contrarrestar la arremetida de estos grupos. Quizás esta actitud se deba a que ellas mismas pueden llegar a ser víctimas de este delito.
Ante ese grado de percepción es necesario que las instituciones encargadas de proteger e impartir justicia fortalezcan a sus componentes para una detección temprana de víctimas y la judicialización efectiva de los casos denunciados, lo que permitiría que los ciudadanos se sientan en verdad protegidos y apoyados.
Conexión con las víctimas
Mujeres y niñas se perfilan como las principales víctimas de la trata. Según las Organización de Naciones Unidas, de cada diez de aquellos que fueron captados a nivel mundial en el 2018, aproximadamente cinco eran mujeres adultas y dos eran niñas; y a nivel general, el 5% de las víctimas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual.
Al respecto, si bien 67% de los participantes del estudio negaron conocer a alguna mujer que haya sido víctima de este crimen; al menos 23% manifestaron ser testigos indirectos de este delito al conocer a una mujer que cayó en las redes de los criminales. Quizás por la solidaridad de género, es mayor el porcentaje de mujeres (26%) que son conocedoras de alguna congénere que fue víctima de este terrible delito. Por su parte, el 75% de los hombres manifestó no tener conocida alguna que haya sido damnificada por un caso de trata con fines de explotación sexual o laboral.
Todas estas cifras nos permiten aterrizar en una realidad en la que se debe estar consciente de que, la trata y explotación de mujeres, niñas y niños es una situación irregular que no solo representa una transgresión de los derechos humanos sino un atentado directo a la libertad, dignidad y la vida; más aún al ser sus víctimas un grupo poblacional vulnerable. Y por ello, eliminar este delito debe ser una tarea que convoque la participación de gobiernos, sociedad y empresa privada en conjunto.
