En un contexto en el que los casos de violencia ya sea hacia niños, mujeres, hombres e incluso animales, han incrementado; ha resurgido el debate en torno al código penal boliviano y los castigos contemplados en su interior.
Sí bien estamos conscientes de que el código recoge las leyes relacionadas a faltas y delitos, existe discusión sobre si éste es un obstáculo para el eficaz funcionamiento de un control penal, más en situaciones donde las víctimas pueden ser seres en estado de vulnerabilidad.
De acuerdo al Monitor de Ipsos CIESMORI, el 92% de las personas consultadas en el eje del país, es decir: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba están de acuerdo con que se dé una modificación en el Código Penal boliviano; con la finalidad de que se facilite un endurecimiento de castigos y penas carcelarias. Lo interesante de este dato es que El Alto destaca con el mayor porcentaje de apoyo a una posible modificación de la ley en nuestro país. Asimismo, las mujeres (95%) son las que se identifican más con esta posición a nivel de las cuatro ciudades principales del eje de Bolivia.
Endurecimiento de castigos
Delitos graves que atentan contra la vida, la libertad, la locomoción, etc.; generan sentimientos encontrados no solamente en los allegados de la víctima, sino en la población en su conjunto, esto a raíz de que los medios de comunicación difunden las noticias entorno este tipo de situaciones.
A pesar de saber que por lo menos nueve de cada diez de los bolivianos entrevistados están de acuerdo con un endurecimiento de castigos y penas carcelarias, es importante determinar en qué casos o situaciones deberían endurecerse aún más. Sobre esto, el 57% de los entrevistados manifestó que los casos de violación o abuso debería recibir una mayor atención en lo que se refiere a endurecimiento del castigo. En segundo lugar, encontramos a los feminicidios (43%), seguidos por los infanticidios (41%) como tercer delito que amerita una mayor sanción.
Es importante puntualizar que los alteños apoyan en un mayor porcentaje (64%) el endurecimiento de castigos en el caso de violaciones, quedando por encima de Santa Cruz (56%), Cochabamba (56%) y La Paz (53%).
Esta tipificación o clasificación de casos, refleja una toma de conciencia en torno a los últimos acontecimientos dados en nuestra sociedad. Es menester mencionar que, en muchas ocasiones, se cree que la aplicación de penas de prisión mayores o incluso vitalicias no elimina el dolor de las familias o de aquellos que han sido víctimas que han padecido de cerca algún delito.
El valor de la vida
La pasada gestión, 108 países abolieron la pena de muerte en su legislación; pero, aun así, Amnistía Internacional contabilizó 579 ejecuciones (20% más respecto a 2020). En el caso de Bolivia, el último preso sentenciado a ese castigo fue Melquiades Suxo Quispe, ejecutado el 30 de agosto de 1973.
Actualmente este tipo de condena se encuentra relegada de nuestra legislación, sin embargo los acontecimientos cargados de violencia que se han ido dando en los últimos tiempos la sacaron de nuevo a la palestra; y muestra clara de ello es que el 78% de los participantes del estudio de Ipsos CIESMORI apoyaría la inclusión de la pena de muerte como la sanción máxima para algunos tipos de delitos. En este caso, los cochabambinos (84%) son los que muestran mayor predisposición a realizar este tipo de apoyo, seguidos por los paceños (79%) y alteños (79%), dejando en último lugar a los cruceños (75%).
Cabe mencionar que, en este apartado, el apoyo de las mujeres (82%) es más contundente en comparación al de los hombres (74%).
Empero, es importante recalcar que a pesar de esta posición por parte de un porcentaje la población; Bolivia está suscrita a convenios internacionales y en 2017 ratificó el “Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”.
¿A quiénes castigar?
Según Amnistía Internacional, cada día, algún Estado ejecuta o condena a muerte a una persona como castigo por la comisión de un delito relacionado con drogas, asesinatos o terrorismo. En el caso de Bolivia, de darse la incorporación de este castigo, un 64% de los consultados considera que debería ser la pena máxima para el delito de violación o abuso; mientras que el 55% cree que es el castigo que debe aplicarse a quienes cometen infanticidios.
Por su parte, el feminicidio (51%) y el asesinato (42%) también aparecen en el listado de crímenes, que a decir de los bolivianos merecen este tipo de condena.
Todos estos datos que ponen en manifiesto el sentir de una parte de los bolivianos, podrían ser el inicio de un amplio debate participativo que plantea la posible reforma de la justicia boliviana.
