Respaldo histórico al fin de la subvención pese al recorte de gastos esenciales en el 42% de los hogares.
El informe especial de Ipsos CIESMORI sobre las Posturas ante la Eliminación de la Subvención de Combustibles y Ley “Antibloqueos” fue realizado mediante encuestas online entre el 16 y el 28 de enero de 2026. Estos resultados reflejan el pulso de la opinión pública después de la firma del Decreto Supremo 5516, que elimina la subvención a los combustibles.
Amplio consenso sobre la eliminación de la subvención
Existe un respaldo masivo a la eliminación de la subvención a los combustibles, con un 78% de acuerdo frente a un 13% de rechazo. El apoyo es liderado por la ciudad de Santa Cruz (82%), seguida por Cochabamba y La Paz, mientras que, en El Alto, aunque es menor, se mantiene sólido por encima del 70%. El beneficio más valorado por la población es el fin del contrabando de combustible (54%).
Impacto crítico en el bolsillo familiar
La medida ha forzado ajustes financieros en el 83% de los hogares del Eje Troncal. Un 42% de los encuestados reporta un impacto «fuerte» que obliga a recortar gastos esenciales, mientras que un 41% ha ajustado gastos no esenciales. En términos geográficos, Santa Cruz muestra una mayor resiliencia, con un 46% de familias ajustando solo gastos prescindibles.
Legitimidad de la protesta y el conflicto
La percepción sobre las medidas de presión divide la opinión: el 51% del Eje Troncal considera que los bloqueos de caminos exigiendo la derogación del Decreto 5503 fueron innecesarios y debió primar el diálogo. No obstante, El Alto se posiciona como la única ciudad con un respaldo mayoritario a la protesta, con un 58%que considera estas acciones total o parcialmente necesarias.
Criminalización de los bloqueos (Ley “Antibloqueos”)
Seis de cada diez bolivianos (60%) están de acuerdo con los proyectos de ley que buscan sancionar a organizadores de bloqueos con hasta 20 años de cárcel. El apoyo a esta criminalización es especialmente contundente en Santa Cruz (74%), por el contrario, El Alto es la única ciudad donde el rechazo a estas sanciones (40%) supera ligeramente a la aprobación (39%).
El estudio revela una sociedad boliviana en transición hacia el pragmatismo económico, donde la eliminación de la subvención se acepta como un «mal necesario» para sanear las arcas públicas y frenar el contrabando. Políticamente, el país se fragmenta entre un bloque mayoritario que demanda estabilidad y una periferia (El Alto) que aún reivindica el bloqueo como un recurso legítimo de protesta.
